Zacatecas acataría sumisa la Ley de Seguridad Interior

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Por Sigfrido Benavides

Por el momento, en el Congreso federal se encuentra suspendida la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Interior que brindaría a las fuerzas armadas, entiéndase Ejército y Marina, facultades plenipotenciarias para el ejercicio de sus funciones en el combate al crimen organizado, incluida la posibilidad de que con ello ocurran abusos de toda índole en contra de la población civil por parte de los militares.

Zacatecas, donde de acuerdo con declaraciones de alcaldes y funcionarios de seguridad, las policías municipales no sirven prácticamente para nada, la posibilidad de que se acate esa norma marcial conlleva distintos tipos de riesgos porque una de las premisas de la reglamentación sería el hecho de obtener información a cualquier costo entre los presuntos inculpados.

En el número (2103) de la revista Proceso, aparecido el 19 de febrero de 2017, Gloria Leticia Díaz expone en su artículo Nadie quiere a los militares como policías que la experiencia enseña que poner soldados a cargo de la seguridad pública interior no hará más que inundar al país de más violencia, sangre, terror y desapariciones forzadas, desplazamientos y ejecuciones extrajudiciales.

Zacatecas, entidad en la que las acciones militares en su combate a la criminalidad se han visto semiveladas en un campo de acción de reiteradas defunciones que llevaron al procurador estatal, José Francisco Ruiseco, a admitir hace poco ante el Congreso local que en el pasado mes de enero se registraron tan sólo 97 homicidios podría, a partir de la implantación de la normatividad, añadir a las elevadas cifras de homicidios, reiteradas violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales dentro de la entidad.

Especialistas señalan que México hará de su Ejército una policía cotidiana, normal, porque el país ha fallado en la capacidad de generar preventivos eficientes, al dar palos de ciego en ese aspecto durante muchos años, incluso antes de que el ex presidente Felipe Calderón inaugurara la guerra que ha costado miles de vidas entre la ciudadanía a nivel nacional.

Ante ello, muchos ciudadanos y autoridades políticas a nivel municipal y estatal quieren que el Ejército se haga cargo de manera permanente de la seguridad en las calles y el campo, para lo cual le sumarían más facultades a los soldados, hecho que en la misma medida entraña riesgos insalvables en aspectos donde no hay información, pero que conllevarían de una manera u otra a la violación de derechos humanos en territorio zacatecano.

No es mi tema

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en Zacatecas, Nancy Espinosa Medina, señaló que ante la inminencia de que se aplique esa ley, el efecto que ésta tendría en Zacatecas no era de su incumbencia.

Mi trabajo, añadió la funcionaria, consiste nada más en evaluar a los elementos que quieran aspirar a una corporación porque mi desempeño laboral es de carácter operativo.

Admitió que los convocados cumplen con los requisitos que marca la ley como la escolaridad, pero de cada 10 que se mandan solamente aprueban dos “lo que de parte nuestra significa un deficiente reclutamiento”.

Cabe destacar que en el marco salarial, la policía estatal les paga 13 mil pesos mensuales mientras que algunas municipales les dan 5 mil o menos; además, la corporación policiaca del estado les ofrece mejores prestaciones por lo que esa corporación no tiene problema de déficit de elementos y, además, todos quieren entrar ahí.

En las policías municipales impera la confusión desde el hecho de dar a conocer la convocatoria y no especificar el grado de escolaridad requerido, además de no contar con la premisa básica de exigir antecedentes no penales, porque simple y llanamente las autoridades municipales ni siquiera revisan la documentación, sino que así la mandan y al llegar a los filtros de control de confianza es cuando comienzan los rechazos y los jóvenes de ambos sexos son reprobados, refirió Nancy Espinosa.

Es más, subrayó, muchos de ellos no son aprobados porque no cumplen ni siquiera con los requisitos mínimos marcados por la ley.

Al referirse a cifras, especificó que el porcentaje de rechazados para ocupar un puesto en las filas policiacas municipales es de 60 a 70 por ciento.

Partida del misterio

Otros especialistas señalan que México cuenta con una partida, la 33701, a la que cada año la Secretaría de Hacienda incrementa los recursos que van de 300 millones de pesos a casi nueve mil.

Así ocurre desde el gobierno de Felipe Calderón, quien destinó 12 mil millones de pesos a operaciones encubiertas, como infiltrar al narcotráfico, tener una nómina de informantes o mantener en el exilio a testigos protegidos.

La partida 33701 opera bajo la más estricta reserva del Estado mexicano pero su uso es tan confidencial que, por ley, sólo algunos secretarios, el procurador general de la República y el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tienen autorización para activarla. Y sólo ellos saben a qué exactamente ha sido destinada.

Protección a medias

En Zacatecas, la seguridad pública a cargo de organizaciones de carácter civil, pero con conformación militar, incluidas las policías municipales, estatales, federal y gendarmería protegen a las personas y sus bienes pero no logran permear el extenso y desolado territorio estatal.

Y debido a las nuevas amenazas que se ciernen en la casi totalidad del territorio nacional y del estado, ninguna zona está exenta de llegar a sucumbir ante los embates del terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de armas y el narcotráfico.

Tibieza

En su momento, el procurador general de Justicia en Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiseco expresó que ante la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior se pretende reforzar a las policías.

“Pero previendo que esta ley no pase en el Congreso federal o sufra una modificación en la que efectivamente el Ejército pudiera no estar en la calle, se trata de que las policías locales se profesionalicen, para lo que se requiere reforzarlas, crecerlas y dotarlas de equipamiento para hacer frente nosotros solos a este tema”.

Murillo Ruiseco dijo que en el caso de la policía ministerial ésta ha estado haciendo bien su trabajo ya que tiene un número importante de agentes en servicio efectivo pero que aún requieren más elementos.

Confiado que en el tema de la Ley de Seguridad Interior llegue a buen puerto aun si el Ejército gozara o no de mayores facultades, añadió que desde Zacatecas “nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y redoblar esfuerzos”.

Para el caso de las policías estatales hay preparación para asumir esa responsabilidad plena pero en lo referente a las municipales, debo admitir que les falta mucho, desde que los alcaldes inviertan más en ellas en beneficio de su población hasta factores como capacitación, equipamiento y otros recursos inherentes a su mejor desempeño cotidiano.

Cuestión de moral

Preocupado por lo que en su parecer es una cuestión de valores éticos y morales en el sentido de que es en el seno familiar donde se genera la delincuencia que asuela a Zacatecas, el alcalde de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, opina que la homologación salarial de 8 mil a 12 mil pesos para sus policías municipales, ocurrida hace poco, es un esfuerzo loable de su administración.

Flores Mendoza indicó que el número de vigilante no se incrementa a los niveles requeridos, por lo que en esa localidad hay reclutamiento permanente en la Dirección de Seguridad Pública y, aunque algunos se han sobrecapacitado e incluso perciben más de 16 mil pesos mensuales “requerimos al menos 100 elementos más, entre hombres y mujeres”.

El alcalde guadalupense reconoció que en su demarcación crece el número de jóvenes dispuestos a delinquir y a consumir y vender drogas; no negamos que el problema delincuencial existe desafortunadamente en Guadalupe, que es un lugar estratégico para las confrontaciones de bandas del crimen organizado por plazas y mercados del narcomenudeo, hechos que ha incrementado de manera reciente ciento por ciento el número de homicidios.

Lo real es que muchas personas en los barrios de Guadalupe ya no confían en la policía de sus barrios porque ven en ellos inseguridad y corrupción, toda vez que los vigilantes no son más el reflejo de ellos mismos, Zacatecas ya no cuenta con los uniformados que antaño tenían vocación de servir a la sociedad pues desconfianza es, por ahora la palabra con la que la ciudadanía asocia a los policías.

Metodología adecuada

El general Guillermo Almazán Bertotto, comandante de la 11 zona militar en Zacatecas expresó finalmente que las leyes que genera el Estado mexicano deben contener toda la metodología para desarrollarlas.

“Creo que una ley (por si sola) no permite que exista la violación de algunas otras ya que de acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana todos los ciudadanos detentan los derechos humanos universales por lo que ninguna otra ley puede estar por encima de eso”.