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Por Leobardo Bautista

Mucho se ha debatido entre conservadores y liberales sobre la legalización la marihuana, incluso hasta el retraso en la agenda política por la contingencia sanitaria, lo cierto es, que por mayoría, los senadores aprobaron su legalización y despenalización a quienes la consumen. 

Entre una profunda descomposición social, incremento del crimen organizado que ha empujado a las generaciones más jóvenes, a los campesinos y campesinas más pobres de este país a sumarse de manera forzada a los campo de cultivo, se aprobó con 84 votos a favor en el Senado de la República, que tiene por objetivo regular las cadenas productivas. 

La vida de un jornalero en  Guerrero es altamente vulnerable, entre la difícil decisión de alimentar a la familia o cultivar la planta a sabiendas que es un delito grave y las consecuencias inevitables son la cárcel, éste y otros estados principales en la producción del cannabis y que poseen mano de obra abundante, vulnerable, pero sobre todo rentable por la pobreza extrema, no existe otra forma de subsistir. 

La legalización de la planta apuesta por disminuir la violencia, pero sobre todo será amnistía para campesinos y jóvenes acusados de la producción y comercialización de la marihuana, en muchas ocasiones en contra de su voluntad. Un ejemplo claro es el problema de campesinos reclutados, de mujeres utilizadas para transportar la planta, o mejor conocidas como “mulas”, también de jóvenes sin oportunidades y que son engañados para mejorar sus condiciones sociales; para todas estas personas, el despenalizar la marihuana significaría recuperar la libertad, pero además reducir las enormes filas de reclutamiento al crimen organizado.

Las políticas enfocadas a la legalización de la Cannabis podrán mejorar las condiciones económicas-sociales, pero sobre todo una oportunidad de poder canalizar una alternativa en la producción y comercialización para sacar  de la pobreza extrema a los miles de campesinos olvidados en los últimos años. Tomar en cuenta al campo y al campesino será un factor importante para el  desarrollo regional y un motor de crecimiento de las zonas rurales marginadas, sobre todo, en el sur del país. 

Con la regulación también se benefician personas con enfermedades como es el cáncer, enfermos terminales de VIH/SIDA, personas con convulsiones epilépticas, y una lista larga de enfermedades que ayudarán a reducir los síntomas que refieren a una utilidad terapéutica.

Es el turno de la Cámara de Diputados, que tiene la responsabilidad de trabajar sin miedo y sin prejuicios, a no criminalizar más a las personas que poseen la planta para fines recreativos, pero sobre todo ponerle fin al desplazamiento de pueblos enteros, provocados por las organizaciones delictivas, que hunden y lucran con la pobreza de las sociedades, es una oportunidad para los de abajo, para los campesinos.