Veto presidencial al artículo 32 del SNA, ¿contra la corrupción, simulación?

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Artículo Especial

Por Norma Galarza

 

El veto presidencial que ejerció Enrique Peña Nieto contra el artículo 32 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, contenida en el Sistema Nacional Anticorrupción, fue una de las causas de que lo que se presumía una buena iniciativa, muriera antes de ver la luz. Y es que, no cabe duda en el tema de la corrupción es más fácil buscar culpables que aceptar responsabilidades.   El hecho de que el sector empresarial haya hecho doblar las manitas al Presidente en una iniciativa que ni para su partido ni para él, era muy complaciente, delata a una sociedad involucrada en el problema hasta las vísceras, pero muy tendiente a querer sacar la paja del ojo ajeno.

Y es que, de entrada, a los legisladores parece que les funcionó el truco de desviar la atención  hacia los empresarios, luego de que las bancadas del PRI y sus partidos subordinados torcieran a su antojo  la iniciativa ciudadana  3 de 3, para quitarle el carácter de obligatoriedad con el que todo funcionario público debía presentar sus declaraciones de impuestos, intereses y patrimoniales. Ante el peligro que eso representaba, nuestros representantes en las cámaras, optaron por el socorrido pretexto mexicano de “echarse la bolita” al añadir  al abortado Sistema Nacional Anticorrupción,  la Ley Federal de Responsabilidades, que ponía bajo el escrutinio gubernamental al sector empresarial, particularmente a las corporaciones que tuvieran contratos con el gobierno Federal y los gobiernos estatales.

Pero más tardaron los senadores en aprobar ese remedo de ley, que los empresarios en saltar a las calles a exigir se derogara.  En una manifestación encabezada por el líder de la Coparmex, Gustavo del Hoyo, la semana pasada, los empresarios tomaron el Ángel de la Independencia en la CDMX, sin temor a empolvar sus trajes Scappino o gastar las suelas de sus zapatos Armani. Una marcha histórica y sin precedente en este país acostumbrado a que “la gente bien” no sale a marchar.

Trascendente es el hecho que, ésta es la única marcha que ha funcionado en la historia de ese tipo de manifestaciones, al menos en este país porque logró su propósito.  La presión del grupo empresarial que logró que, por primera vez, Enrique Peña Nieto, hiciera uso de su derecho constitucional al veto, coadyuvó  a que se invalidara la señal de hartazgo de 634 mil 143 ciudadanos que firmaron la iniciativa contra la corrupción promovida por Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para que llegara al Congreso de la Unión.

¿Pero tenía algo de malo que se hicieran públicos los ingresos del sector empresarial en caso de contratos pagados con el erario? No. Y menos después de conocerse el multipremiado reportaje de la periodista Carmen Aristegui y su equipo, sobre los conflictos de interés de Presidencia con Grupo Higa.  Es evidente que la corrupción es una cadena con varios eslabones y el sector empresarial, forma parte importante de esta cadena. ¿O es novedad que, incluso en los gobiernos estatales haya empresarios “consentidos” del mandatario en turno?

Así, retomando del medio expresso.com.mx, parte de  las declaraciones del líder de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, durante la “marcha de los encorbatados” el 17 de junio, quien dijo que  “algunos senadores pretenden ahora pedir a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados” ,  nos queda claro que la responsabilidad, es prima hermana de la culpa y que tampoco, nadie se la quiere echar.

Si bien es cierto que con la solución ventajosa propuesta por los legisladores no se estaba atacando el problema real, la actitud de los empresarios evidenció que los mexicanos no estamos dispuestos a tomar lo que nos corresponde de este problema que nos ubica de acuerdo al Informe de Transparencia Internacional (2015), en el último lugar del manejo claro de los recursos, de entre las 34 economías que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); lo que quiere decir que somos un país caracterizado por la opacidad separado 86 y 79 lugares en ese rubro, de nuestros principales socios comerciales–Canadá y Estados Unidos– respectivamente.

Aún sin entrar en el lodazal convenenciero de los legisladores o la actitud inmadura de los empresarios, no se debió vetar la ley sino regresarla a su texto original, donde fincaba responsabilidades en todos los niveles de gobierno y también en las empresas sin cargar la mano al lado de los acreedores del erario. La exigencia de los empresarios debió centrarse en que se fincaran responsabilidades equitativamente, no en que se les eximiera a ellos por ser un grupo pudiente.

El veto presidencial a la iniciativa 3 de 3, no sólo evidenció la capacidad de los legisladores y el ejecutivo del gobierno para simular, también exhibió que en nuestra sociedad, se pretende exigir soluciones siempre y cuando no impliquen el más mínimo sacrificio. Aquí habría que preguntarnos ¿Realmente estamos en contra de la corrupción? Y si es así, ¿Por qué demostramos que nos encontramos cómodos entre la inmundicia?