Sin prejuicios, es cuestión de derechos humanos

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Por Pilar Pino

La despenalización del aborto, por fin se está debatiendo en Zacatecas y en toda la República Mexicana. Morena además puso el dedo en la llaga, al anunciar que propondrá su despenalización a nivel nacional en la Cámara de Diputados.  En ese sentido hace semanas,  Oaxaca se adelantó y voto a favor para que la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas fuera legal. En términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la  despenalización del aborto  es un paso enorme a favor de los derechos humanos de las mujeres

En nuestro estado, colectivas y asociaciones feministas pugnan para que el Congreso local lo  despenalice, reformando los artículos 310, 312 y 313 de la constitución del estado, a favor de los derechos humanos de las zacatecanas.

Los términos de los artículos que penalizan la interrupción del embarazo son arcaicos, introducen argumentos tales como: atenuantes de la buena reputación de la mujer, unión ilegitima, por mencionar algunos. 

Lo anterior, requiere de una actualización urgente debido a que en Zacatecas los casos de embarazos en adolescentes van en aumento. El 23% del total de embarazos registrado anualmente corresponde a niñas de entre 10 y 18 años, según datos de la Secretaría Salud. Lo más preocupante es el incremento la incidencia en niñas de 10 a 13 años, lo que está asociado con violencia sexual y  debe aplicarse la norma 046 sobre aborto por violación.

En este contexto, me parece que el debate debe centrarse desde los derechos humanos y sobre todo el interés superior de la infancia. 

Son muchas las mujeres y niñas zacatecanas que continúan sufriendo por estas leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica adecuada y limitan sus habilidades para tomar decisiones que les permitan desarrollar una vida digna, por negárseles sus derechos fundamentales, el derecho a la salud y a la no discriminación.

México está suscrito a convenios internacionales de Derechos Humanos; por ello, es obligación del estado que todas las mujeres y niñas puedan acceder a todos los servicios de salud necesarios, tales como la atención sexual y reproductiva. Resultará en una controversia constitucional que en nuestro estado se continúe con la penalización del aborto, y se les niegue a miles de mujeres y niñas este servicio, más cuando se trata de atender un problema de salud pública.

Pese a que los marcos legales a nivel nacional e internacional favorecen la despenalización, a miles de mujeres y niñas en todo el país, les es negado servicios esenciales para la interrupción del embarazo, atención médica y psicológica posterior a la interrupción del embarazo. Sufren criminalización –los grupos pro vida y las autoridades religiosas han criminalizando constantemente a las mujeres que optan o piensan en interrumpir el embarazo argumentado juicios morales sobre ellas-, disuasión y malos tratos de los profesionales de la salud. 

“El sufrimiento mental y físico que sufren las mujeres cuando se les niega este procedimiento, o el estigma que enfrenta al buscarlo, son otras violaciones de sus derechos humanos”, señala  ONU Mujeres.

La organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto peligroso como una intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicada ya sea por personas que carecen de la preparación necesario o en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez.

Las mujeres que se ven obligadas a optar por la clandestinidad son quienes tienen bajos ingresos económicos, porque el que sea penalizado no detiene ésta práctica sólo orilla a que sea realizada en condiciones insalubres poniendo en riesgo la vida.