Regreso a clases presenciales: entre el peligro y la necesidad

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Pilar Pino Acevedo

El próximo 30 de agosto regresarán a las aulas más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades federales han reiterado que será opcional, sin embargo, con madres agotadas por la educación en casa y la presión económica de reincorporarse al mercado laboral, lo hace prácticamente obligatorio para la mayoría de las familias mexicanas.

La emergencia sanitaria, nos llevó a utilizar la tecnología para continuar trabajando y estudiando, pero la virtualidad desnudó las desigualdades en el acceso a internet en las zonas rurales y urbanas pobres, entre hombres y mujeres. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo 33% de las escuelas latinoamericanas tienen el ancho de banda suficiente para una correcta conectividad, en las zonas rurales solo 15.

Los países de América Latina son los más afectados por la pandemia, tienen casi el 30% de las muertes por Covid-19, el PIB de la región se contrajo 7% y es donde las instituciones de educación han permanecido cerradas por más tiempo, según datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estima que 10 millones de estudiantes mexicanos sufrirán rezago de dos años en su formación, lo que implica una desventaja cuando ingresen al mercado laboral. Por su parte, la UNICEF estima que el 60% de niñas y niños, perdieron un año escolar completo debido a los confinamientos. En México las escuelas llevan cerradas el doble del promedio global.

Por lo anterior, el desarrollo de habilidades digitales en todos los niveles de educación debe ser una prioridad obligatoria para nuestro gobierno. La pandemia adelantó un sistema educativo que combine la virtualidad con las clases presenciales, más requiere de un acceso igualitario y universal al internet.

Regreso a clases sin vacunas

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) advirtió que excluir a las infancias del proceso de vacunación es un acto de discriminación que obstaculizará el retorno seguro y libre de contagios a las clases presenciales. 

El argumento de que no existe una recomendación de las autoridades sanitarias de vacunar a menores de edad, vulnera los derechos humanos de acceso a la educación y a la salud, el Estado está obligado a garantizarlos.

Las cifras oficiales indican que 600 niños y niñas han muerto a causa del Covid. De acuerdo con Redim, al 25 de julio de 2021, 57 mil 490 niñas, niños y adolescentes (nna) mexicanos han sido contagiados de Covid. Por otra parte, incrementó de manera exponencial la deserción escolar, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) indica que en 2020 el 16.4% de los estudiantes menores de edad dejaron la escuela, es decir, 5.3 millones.

La importancia del regreso a las aulas

Luego del confinamiento, los sectores económicos han tenido que retomar la “nueva normalidad”, esto ha impactado a los hogares donde NNA no asisten  a la escuela. Un número importante permanece sin vigilancia y, por tanto, exposición a diversos riesgos y violencias en su contra. Además, de las secuelas que el confinamiento deja en la salud emocional de todos los integrantes de la familia.  

Este tiempo sin escuela presencial ha afectado el aspecto social, emocional, físico, de salud y de aprendizaje. No hay un solo aspecto en el que el beneficio de quedarse en casa sea mayor que el de asistir a la escuela.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “La salud mental es un componente fundamental de la salud, entendida esta última como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Las relaciones entre pares son cruciales para el desarrollo de relaciones interpersonales. La falta de convivencia implica un riesgo de no asegurar el aprendizaje, ni el desarrollo armónico y equilibrado de nna. Si se trata de menores de edad con discapacidad o necesidades especiales, se duplica ésta situación.

El regreso a clases no sólo impacta a niñas y niños, sino también al mercado laboral. Ya que los empleadores, requieren conocer las condiciones para efectos de contratación de nuevo personal (sobre todo de mujeres) y el regreso al trabajo en oficinas. Así como el bolsillo de algunas familias, por gastos extras de cuidado de las hijas e hijos.

Lo que nos deja esta experiencia es que la virtualidad se impuso como un recurso cotidiano. No obstante, niñas, niños y adolescentes requieren de compensar el aprendizaje perdido durante la pandemia para asegurar que serán competitivos en el mercado laboral. El Estado requiere implementar mecanismos, políticas públicas y presupuestos para hacerlo. Algo difícil en un país que se ha caracterizado por ser omiso para garantizar los derechos y cubrir la necesidad de un sector poblacional que es casi un tercio de la población total.