PT, el saqueo de un enano

Matrimonio igualitario en Zacatecas, la oposición en el Congreso convenenciera y errada
15/11/2017
Zacatecas con semáforo amarillo en Índice de Información del Gasto: IMCO
16/11/2017

 

Sigfrido Benavides. Servicios especiales

Molesto por lo que él mismo denomina el “golpeteo” político por parte del gobierno priista a la alianza que su instituto –Movimiento de Regeneración Nacional, Morena- recibe de su aliado el Partido del Trabajo (PT), Andrés Manuel López Obrador dijo durante su última visita a Zacatecas, el pasado lunes 6 de noviembre, que la administración de (Enrique) Peña Nieto inventa delitos a los petistas como en su momento “lo hizo con los maestros oaxaqueños”.

Luego de refrendar su alianza con el Partido del Trabajo, acusado durante el transcurso del último mes de lavado de 100 millones de pesos que debieron ser destinados a la manutención de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) de Nuevo León y que de manera presunta fueron desviados en tres cuentas a nombre de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder nacional petista, Alberto Anaya y administradora de los Cendis, y de tres de los colaboradoras de esa misma funcionaria, AMLO refirió: “No tengan nada qué temer, aquí estoy en casa”, durante su última estancia en Zacatecas.

Pero el escándalo de ese presunto desvío financiero por 100 millones parece tener un mayor número de implicados y alcanzar cifras más elevadas por parte de la posible comisión de delitos de acuerdo con los planteamientos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Cabe recordar que el PT es un instituto político que durante las pasadas elecciones ya ha comprometido su capacidad de conservar el nivel mínimo para no perder el registro y, que hoy, vistas las cosas por los antecedentes a continuación expuestos, representa la capacidad que ese enano de la política nacional, hoy aliado a Morena de López Obrador, representa en su calidad de uno más de los saqueadores del erario.

El pasado 22 de octubre del presente año Alberto Anaya fue postulado a permanecer en la dirigencia del Partido del Trabajo por seis años más, de 2017 a 2023, en calidad de dirigente casi eterno, luego de llevar en el cargo 22 años, desde 1995.

En el mismo nivel de permanencia en los cargos se encuentran los hermanos Óscar y Alejandro González Yánez, Ricardo Cantú, Pedro Vázquez González y Rubén Aguilar Jiménez, quienes tienen más de 20 años en la dirigencia nacional petista.

Uno de ellos, Óscar González Yánez, declaró que con estas “renovaciones, el PT cumple con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal”.

No obstante, una semana después se le aguó la fiesta  al PT, cuando la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), acusó a la esposa de Alberto Anaya de haber realizado de manera presunta un desvío superior a 100 millones de pesos que estaban originalmente destinados a los Centros de Desarrollo Infantil de Nuevo León, que ella administra.

La señora Guadalupe Rodríguez Martínez, ex diputada local, indicó en Proceso 2139 del pasado 29 de octubre de 2017 que “se trata de un ataque del gobierno federal, aberrante y sin fundamento contra el PT, ligado a los Cendis y al Frente Popular Tierra y Libertad (FPTL)”, origen del actual PT, que liderea el propio Alberto Anaya Gutiérrez.

De acuerdo con el diario Reforma del pasado miércoles 25 de octubre, Guadalupe Rodríguez, actualmente con orden de aprehensión por el delito de lavado, habría recibido recursos con el fin de ser destinados a los 17 Cendis que ella administra en Nuevo León y que forman parte de la estructura territorial de poder del FPTL.

Reforma expresa que “en lugar de ser invertido en esos centros, el fondo financiero terminó en un fondo de inversión y en las cuentas bancarias de tres particulares”, uno de ellos es la propia Guadalupe Rodríguez; otro, Héctor Quiroz, líder petista en Aguascalientes (encarcelado originalmente y quien en este momento goza de libertad para enfrentar la acusación) así como otras dos personas más.

La SEIDO señala que la esposa de Anaya usó 62 millones de pesos para destinarlos a una cuenta de inversión mientras que los otros destinatarios recibieron, entre los tres, alrededor de 27.8 millones de pesos que retiraron en efectivo de acuerdo con el reporte de la PGR.

Asimismo, la SEIDO ubica a Guadalupe Rodríguez Martínez, “la maestra Lupita” como la autora intelectual de ese desvío como parte de una lógica de lavado de dinero junto con otros operadores; la trama se inició alrededor de 2010.

Asimismo, trascendió que del pasado 2 de febrero al 13 de junio del presente año, la esposa de Anaya depositó los 27.2 millones de pesos en favor de Héctor Quiroz García, María Cristina Martínez Corpus y María Mayra Paredes Díaz.

La cuenta de Quiroz recibió 12 millones 899 mil 909 pesos y, en el mismo periodo registró retiros por 11 millones 8 mil 592 pesos, mientras que en el caso de Martínez Corpus, los depósitos fueron por 6 millones de pesos y los retiros por 4.4 millones, mientras que la cuenta de Paredes Diaz recibió 9 millones en depósitos.

Un Bronco salpicado

Un par de días después, el 27 de octubre, el líder nacional petista, Alberto Anaya culpó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, de estar involucrado en el hecho y lo retó para que saliera a responder por la acusación realizada por la Procuraduría General de la República a su partido político, incluida su esposa.

De manera simultánea realizó un llamado al gobierno neoleonés para que “demuestre que mantienen su carácter de instancia ejecutiva neutral y que no se mantienen al servicio del gobierno federal”.

Asimismo, trascendió que a Alberto Anaya también se le cita como parte de las investigaciones que realiza la SEIDO al mostrar un convenio de colaboración entre la Secretaria de Educación Pública y el gobierno de Nuevo León, por medio del cual se transfieren recursos al Frente Popular Tierra y Libertad que él mismo lidera.

A todo ello, Anaya insistió que todo se trata de una “persecución política contra su partido por el apoyo político que brinda a Andrés Manuel López Obrador”.

Medios sin supervisión, sin vigilancia, sin auscultación….

De igual manera, los recursos que el gobierno de la federación destina a los Cendis, muchos de los cuales son operados por el PT de Alberto Anaya y la “maestra Lupita”, se bridan sin que medie ausculaciòn alguna.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que esos fondos se otorgan con opacidad y bajo una gran discrecionalidad.

En su edición del pasado jueves 26 de octubre, el diario Reforma documenta que durante la revisión de la cuenta pública 2014, al analizarse los destinos de 747 millones de pesos dirigidos a esos centros, se encontró que al menos 119 no se ejercieron de manera correcta por lo que la ASF pidió que esos montos se devolvieran a la Tesorería de la Federación

En 2014 la Cámara de Diputados de San Lázaro acordó mediante el programa UO31 que se asignaran esos recursos por medio del Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil, para ser repartidos los 747 millones en 17 estados del país.

De dicha cantidad, al menos 43.5 millones fueron canalizados a los Cendis que administra el PT en Morelos y Colima.

La ASF informa que dicha partida no cuenta con regulaciones normativas, tales como los medios para que se garantice la selectividad, equidad y transparencia exigidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además de que señala: “No existen los criterios para seleccionar la metodología para la determinación del monto con los que serán apoyados, sino que las entregas se realizan a partir de los estados que soliciten el apoyo y esos montos se determinan a partir de lo que éstos requieran, para entregarse de acuerdo con la disponibilidad de los mismos”.

El método de entrega se realiza del siguiente modo: “El Congreso federal los aprueba, Hacienda los transfiere a los estados y éstos los entregan a ‘distintas organizaciones sociales’ sin que al final se compruebe que el dinero se entregó de manera adecuada”.

Un líder bien forrado

Además de todos esos ingresos, el Partido del Trabajo ha recibido una enorme cantidad de fondos financieros mediante distintas asignaciones presupuestarias para sus proyectos de partido en el estado de Nuevo León.

Tan sólo durante 2014 y 2015 recibió apoyos por 305.7 millones de pesos para obras de la referida Tierra y Libertad, brazo electoral del PT en esa parte del país, más de cuya mitad –de acuerdo con lo que consigna el diario Reforma del pasado 29 de octubre- proceden de partidas que asignan los diputados federales de manera discrecional, también conocidas como moches.

Trascendió que esos 305.7 millones fueron etiquetados durante el cuarto periodo de Anaya como diputado federal, entre 2015 y 2017.

Asimismo, el Partido del Trabajo ha recibido al menos durante los últimos ocho años 4 mil 162.8 millones de pesos en fondos federales para la operación de los Cendis, más 155 millones más para la construcción y equipamiento de la preparatoria técnica Emiliano Zapata, más otros 150 millones pada el equipamiento del Hospital Tierra y Libertad.

Recibimos miserias

Contra lo anterior, el propio Alberto Anaya expresó: “Otros partidos (políticos) reciben más que nosotros; lo que recibe el PT es una miseria” y se rehusó a aceptar que más de la mitad del dinero para Tierra y Libertad salga de los “fondos del moche, pues nuestro ejercicio está muy bien transparentado y no hay moches”.

De igual manera, ese partido político tiene a personal de sus Cendis que cobran por trabajar en ellos mientras militan en el PT; casi la mitad de los Cendis que se localizan en Durango es militante del Partido del Trabajo, de acuerdo con informes de la ASF, donde se acumulan diversas quejas por múltiples irregularidades en ese sentido.

Desde el pasado año 2014, la ASF encontró distintas anomalías en el sentido de que, en Durango, la entrega federal de recursos al Programa del Fortalecimiento de la Educación Temprana y los Cendis mantenían un vínculo de carácter partidista, pues dijo: “El sistema CADI es un proyecto administrado por militantes de un partido político que gestionó los recursos para 2014 y que es operado por sus afiliados”.

De 612 trabajadores contratados por honorarios en los 19 CADIS, 338 se encuentran afiliados al PT, lo que evidencia falta de equidad y transparencia.

Para concluir, cabe añadir que el proyecto educativo del PT al menos en la entidad michoacana un desastre, ya que muchas de las preparatorias administradas por ese partido político muestran elevados índices de reprobación en matemáticas y español.

Incoherencia desde Zacatecas

Finalmente, mientras que en el resto del país se realizan distintas manifestaciones para acusar al gobierno federal de orquestar un proyecto de persecución política contra Alberto Anaya, su esposa Lupita y AMLO, en Zacatecas otros se desgarran las vestiduras, como en el caso de Alfredo Femat, ex rector universitario y uno de los principales promotores del actual desastre económico de la UAZ, militante petista, y la diputada Bañuelos de la Torre, quien pegó el grito en el cielo al considera que “la SEIDO estaba detrás de la maestra Lupita”.