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Por Norma Galarza Flores

Desde el inicio de la explotación minera en Zacatecas, allá por 1546 después de la expedición de Juan de Tolosa,  esa actividad ha rendido generosos frutos; pero no para los zacatecanos. La historia de la minería en nuestro territorio, ha estado plagada de explotación humana y explotación masiva de recursos naturales. La miseria en la que se ha sumido a los pueblos poseedores de vetas, contrasta penosamente  con la riqueza ostentosa de los dueños de la maquinaria de extracción.

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Pueblos “fantasma” como La Noria de San Pantalión, en el municipio de Sombrerete, donde actualmente sobreviven menos de 10 familias y cuya veneración a la Santa Muerte, mantiene, irónicamente “vivo” ese lugar, son muestra palpable de lo que depara el destino para los municipios con subsuelos ricos en minerales, pero pobres en  la aplicación de  políticas públicas tendientes a favorecer a las mayorías, a largo plazo. 

Hoy la minería en Zacatecas vuelve a ubicarse en el ojo del huracán, luego de la serie de protestas que han emprendido ejidatarios contra la minera Peñasquito de la compañía Goldcorp de factura canadiense.  La empresa minera anclada en el municipio de Mazapil; uno de los más ricos en yacimientos, pero cuya población es de las más empobrecidas de la entidad, ganó otra vez al imponerse a través de la fuerza pública.

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 En el desalojo de las personas que pugnan por sus derechos, del día de ayer, imperó como siempre la defensa de los intereses de los empresarios. Defensa que históricamente han emprendido los gobiernos por no dejar ir los empleos y la inversión. Espejitos a cambio de oro, si se comparan con las ganancias estratosféricas que les genera esa actividad, a las corporaciones.

 

En Zacatecas hay 42 empresas mineras y la generación empleos, promesa principal de toda campaña política, es uno de las vértebras de los argumentos para la instalación  de ellas. En ese rubro, en la entidad, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2013, había un total de 11 mil 485 trabajadores asegurados. Esa cifra equivale a que el 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) zacatecana se dedica a la minería, de acuerdo al INEGI. Una cifra muy precaria de generación de empleos, en relación con la depredación  y los dividendos  que genera esa actividad, ya que, por ejemplo, la minera Peñasquito,  reportó 392 millones de dólares en beneficios, tan sólo en el segundo trimestre del 2015.

 

Afortunadamente ha habido modificaciones a las leyes nacionales para que las ganancias en cuestiones de captación de impuestos a la minería, se queden en los estados.  Apenas en enero de este año se entregaron a Zacatecas 164 millones de pesos de un total de 444 millones, equivalentes al 7.5 por ciento sobre dividendos, que estipula la Ley Federal de Derechos Mineros, reformada hace apenas unos años.

  Dicho recurso fue  etiquetado  para obras sociales, de acuerdo al boletín 014, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y se destinó a obras de infraestructura para los municipios mineros ¿se aplicó? Esa es la cuestión.  De lo único que hay evidencia es de la sonrisa de Rosario Robles entregando un mega cheque y posando para la foto, durante el evento de entrega.

 

Hoy, pese a “la solución” del conflicto con ejidatarios, que dicho sea de paso, medios afines al poder señalan que hay manipulación por parte de líderes sociales, urge replantear los tratados desiguales en los que la gente de las comunidades sale más afectada. Porque finalmente, mientras los poderosos de nuestro país no decidan que éste deje de ser un proveedor eterno de materias primas y se invierta en dar el paso al sector secundario,  la desigualdad social seguirá acentuándose en las comunidades cuya riqueza natural, las condena a ver a sus pueblos desaparecer.