Los Duarte, Alonso y Yarrington, la máxima expresión de la cultura política nacional

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Por Andrés Vera Díaz [author] [author_image timthumb=’on’]https://lacuevalobo.com/wp-content/uploads/2017/02/FB_IMG_1487428712045.jpg[/author_image] [author_info]Periodista. [/author_info] [/author]

No estará nunca de más señalar una y otra vez que la impunidad es el principal problema del país. Generadora de más violencia y corrupción.

El “nuevo PRI” tiene en sus filas a los funcionarios y exgobernadores más corruptos de la historia, bajo una red de complicidad delictiva que se extendió a Zacatecas, los otrora mandatarios fueron premiados con huidas, escoltas pagados por el erario y puestos de segunda en la administración federal.

La impunidad es la máxima expresión del cinismo político, hecho ya una cultura extensiva a prácticamente todos los ámbitos gubernamentales, porque así funciona el sistema, protegiendo a verdaderos delincuentes amparados por una gobernabilidad armada de favores electorales, acuerdos políticos y cargos públicos.

Se ha dicho mucho de Miguel Alonso, quien por cierto, pasea por las calles de la capital en vehículos oficiales resguardado por dos escoltas que le provee la federación y que se pagan de tus bolsillos, pero la realidad, es que sigue escudado por los favorecidos en su sexenio. Además, su hermano Juan, en Semana Santa, se le vio entrando a edificios céntricos, caminando como estrella de cine, con tal presunción que la única deducción es el proteccionismo que le favorece.

El nuevo PRI h resultado más siniestro que el anterior. Por lo menos 30 militantes del PRI han sido señalados o están siendo investigados por presuntas relaciones con el crimen organizado o actos de corrupción. De éstos, 21 son exgobernadores que han incurrido en abusos de poder; cuatro de ellos –Tomás Yarrington, Andrés Granier, Mario Villanueva y Jesús Reyna– están en la cárcel y dos más –Humberto Moreira y Rodrigo Medina– lo estuvieron.  Uno de los elementos más contradictorios en este asunto, tienen qué ver con la defensa que, como candidato a la presidencia, EPN hizo de los “nuevos” cuadros del PRI, al que llamó “Nuevo PRI”, lo que significaba que el partido vetusto, corrupto y autoritario había muerto. El “Nuevo PRI”, encabezado, según EPN, por Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Humberto Moreira, Rodrigo Medina (solo por citar algunos, pero la lista sigue), era un partido eficaz, eficiente, honesto y que sabía gobernar. Sin embargo, el peso de la historia cayó sobre EPN y hoy todos sabemos que fue un fraude, señala un texto publicado en Proceso.

A tal grado de “valemadrismo” social llegan estos traidores de la patria, cobijados por su sigla, que hasta el propio César Camacho pidió “olvidar estos asuntos y votar por el PRI”. En éste frase se encuentra el meollo del asunto. Saben que el grueso de la población es de memoria corta, preocupado por el pan de cada día y desencantada por el arribo de un verdadero cambio social, que es contradictorio, pues repudia la corrupción pero la promueve y es que los mexicanos consideran que el gobierno es “altamente corrupto”; sin embargo, aceptan pagar sobornos, evaden impuestos y son el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que con mayor frecuencia evita pagar el servicio de transporte público, destacó ese organismo en su más reciente estudio: Revisión de la integridad en México.

El sistema mexicano es un problema de corrupción estructural donde los gobernadores no solamente usan el cargo para enriquecerse, sino que tienden puentes de intercambio de favor o poder, y al terminar el mandato siguen contando con un nivel importante de impunidad, pero son parte de una cultura, la culpa no es sólo de ellos, pero sí los principales promotores.

Los políticos investigados por actos de corrupción actualmente son:

> Javier Duarte (Veracruz)

> César Duarte (Chihuahua)

> Roberto Borge (Q. Roo)

> Miguel Alonso (Zacatecas)

Hay otros cuatro exmandatarios que este año, vieron iniciar o revivir procesos legales en su contra:

>  Guillermo Padrés (Sonora)

> Rodrigo Medina (Nuevo León)

> Mario Anguiano (Colima)

> Tomás Yarrington (Tamaulipas)

También hay otros tres por desvíos, enriquecimiento ilícito, lavado y nexos con el narcotráfico:

>  Gabino Cué (Oaxaca)

>  Carlos Lozano de la Torre (Aguascalientes)

>  Egidio Torre (Tamaulipas)

Estos casos probarían que los gobiernos estatales son como “pequeños virreinatos” que crean sus propias “reglas del juego” pero enlazados a su majestad presidencial, cuyo único objetivo es la perpetuidad del sistema, sea del partido que sea, y usa chivos expiatorios para tal efecto.

Por ejemplo, Yarrington y Javier Duarte sólo son piezas electorales, el Estado de México es clave para el proceso del 2018. Casualmente, el arresto en Italia del ex gobernador de Tamaulipas, es una muestra de la impunidad que permea en México, pues mientras que desde el 2012 la DEA y el FBI lo buscaban por cargos de ”lavado” de dinero y otros delitos, el ex gobernador priista contaba hasta octubre de 2016 con escoltas pagadas por el gobierno de la entidad y es hasta diciembre de ese año que su partido lo expulsa.

En un país donde la corrupción pública es ubicua, hay razones para que las denuncias no prosperen. La ausencia de control político y de separación real de poderes, unida a la falta de partidos políticos de verdadera oposición, es el gran catalizador de la corrupción. De nada sirven las normas, si vía clientelismo, el Estado se les entrega por girones a políticos que no siempre piensan en el interés general. En relación con la corrupción, la impunidad es judicial, política y, sobre todo, social.