Los ciudadanos de “segundo nivel”

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Norma Galarza

Por Citlaly Aguilar Sánchez[author] [author_image timthumb=’on’]https://lacuevalobo.com/wp-content/uploads/2019/04/55532046_10157146333749855_3762082775075651584_n.jpg[/author_image] [author_info]Escritora y ensayista zacatecana.[/author_info] [/author]

La cinematografía estadounidense tiene toda una tradición de historias que narran las vicisitudes por las que atraviesan los afrodescendientes. El drama que muestran no es para menos, pues esta comunidad ha tenido que pasar por una suerte de humillaciones y prejuicios en todos los sentidos. Si bien este prejuicio se enraiza en la ignorancia que sustenta que hay razas superiores a otras, también es cierto que el capitalismo ha propiciado su permanencia.

Si vemos una película como 12 años de esclavo, seguramente, desde nuestro contexto nos asombra que los denominados “negros” hayan sido tratados con semejante crueldad. No obstante, estas actitudes hacia con ellos, aunque han disminuido, no han desaparecido. Y si desde nuestro estatus como mexicanos nos asombramos y escandalizamos ante esto, quizá sea porque nos parece una situación externa, dado que en nuestro país esta raza no es muy común. Por infortunio, en México sucede algo similar al conflicto hombre blanco vs. hombre negro, respecto el conflicto hombre vs. mujer y hombre vs. homosexual.

Por ejemplo, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, Suscrita en el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, Brasil, en 1994, se define la violencia contra las mujeres en el capítulo 1, artículo 1, como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Aunque lógico y urgente, todo lo que se enuncia en este apartado resulta también “increíble”, desde una lectura del siglo XXI, puesto que se enuncian estas demandas por primera vez en América Latina apenas en el mencionado año siendo necesidades obvias y vitales, lo cual no deja de ser una alarmante exposición de la falta de importancia y conciencia que ha habido respecto de estas condiciones en el mundo.

De igual manera, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 6 dice que los tipos de violencia contra las mujeres son cinco:  psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, con lo cual se permite observar el fenómeno en toda su complejidad, puesto que al evidenciar las manifestaciones de la violencia a las que las mujeres están expuestas, también queda de manifiesto todo un sistema cultural, es decir, no se trata de una circunstancia o situación particular que propicia la violación de los derechos humanos de las mujeres, sino todo un aparato que rige.

            A la par, la discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQ se ha hecho presente en nuestro país desde siempre. Una muestra significativa de ello es el lenguaje que se suele utilizar cotidianamente para insultar u ofender a otros con la palabra “joto” o “puto”; las cuales aunque intentan significar “cobarde”, lo que en realidad dicen es que ser homosexual es tan malo, que esta palabra debe ser usada como una ofensa.

            Aunado a esto, los crímenes de género no son un problema de nuestro siglo; siempre han existido. El odio hacia la homosexualidad se ha registrado de manera sistemática desde, al menos, la época novohispana, puesto que en esta, gracias al sistema católico impuesto, quedaban estrictamente prohibidas sus prácticas.

En recientes días, la comunidad LGBTTTIQ de Zacatecas tomó las puertas del Congreso local para demandar su derecho al matrimonio, tema que aún está en debate. Sí, en pleno siglo XXI, seguimos creyendo que unos somos superiores a otros por raza, por nivel socioeconómico y por género. Ante esta exigencia, habría que cuestionar si entonces los miembros de los colectivos LGBTTTIQ son tomados por la actual Legislatura como son ciudadanos de algún “segundo nivel”, porque hasta donde se sabe, ellos pagan impuestos igual que otros, y están obligados a cumplir derechos y deberes civiles igual que cualquier otro ciudadano, ergo, también tendrían que tener acceso a los derechos fundamentales que propicien su bienestar y saludable convivencia en aras de vivir su libertad y experimentar la felicidad, como cualquier otro.

Pero no nos hagamos tontos, el debate no es sobre los derechos humanos, ni sobre la libertad y la felicidad; sino que es sobre la supremacía de unos sobre otros; es, en términos foucaultianos, biopoder. Al igual que los más acérrimos esclavistas de la raza negra en occidente, nuestro sistema actual es implacable todavía contra las mujeres y la homosexualidad.