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Por Gabriel Rodríguez Piña* 

Hace cuatro años, Sergio Aguayo Quezada (SAQ) publicó una columna de opinión en los periódicos El Siglo de Torreón y Reforma, llamada Hay que esperar, escrita en enero de 2016 en la que se informa acerca de la detención del ex gobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira en España, acontecida el 15 de enero de ese año, por la cual el ex funcionario público demandó al columnista por daño moral.

Las abogadas penalistas Sara Mendiola e Itzia Miravete explican a La Cueva del Lobo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó, en su momento, que de acuerdo con sus preceptos legales: “No hubo un abuso a la libertad de expresión” de parte del académico, investigador y periodista en el resolutivo de primera instancia por lo que la demanda de Moreira contra Aguayo Quezada quedaba descartada. 

Cabe destacar que Moreira, molesto por dicho resolutivo fue a una segunda instancia, luego de apelar la primera, lo que desató una controversia en vista de que la sexta sala de lo civil, en la ciudad de México, echó abajo aquella primera sentencia, elaboró otras argumentaciones jurídicas y sentenció a SAQ al pago de 10 millones de pesos.

La columna de Aguayo fue publicada en el Siglo de Torreón y en Reforma de la ciudad de México en enero de 2016, y en ella su autor habla sobre la captura de Moreira por las autoridades españolas. 

En ella, además, realiza una crítica a las autoridades mexicanas y su ineficacia para investigar al ex funcionario, acusado en España de organización criminal, cohecho y desvío de recursos públicos: “Moreira ha sido omiso en casos de violaciones graves a derechos humanos y por lo cual también se le debería investigar (ya que) representa la impunidad en el país (además) de desprender un hedor a corrupción”, escribió en su comentario personal el investigador universitario.

Ante ello, durante la argumentación de segunda instancia a la que recurrió el político, el juez refirió –sin sujeción a los estándares internacionales de la libertad de expresión, citan las abogadas-: “En el caso del (periodista) Sergio Aguayo existió dentro de sus escritos una real malicia porque no había motivo para utilizar esos calificativos que fueron usados para dañar la imagen de Humberto Moreira, pues no era necesario hacerlo de tal manera dentro de (su) columna de opinión pública por lo que, en su momento, el defensor de derechos humanos debió saber que el periodista estaba excediendo sus propios límites de libertad de expresión”.

Posterior a esos hechos SAQ fue demandado por daño moral por Moreira; hay que destacar que daño moral es una figura legal que protege en nuestro país todo lo relacionado con el derecho al honor que todos tenemos de modo que, si alguien lo traspasa, entonces perjudica a esa persona. 

Las abogadas señalan que desde el punto de vista legal es correcto que existan ese tipo de regulaciones a nivel legislativo, ya que todos tenemos un derecho protegido por dicha figura de modo que, cuando alguien lo traspasa tiene que responder.

“Pero en el caso de Moreira, añaden, resulta incorrecto esta figura legal inscrita en los códigos civiles de algunos estados del país aun cuando otros representan regímenes de excepción como en la ciudad de México, donde, cuando existe controversia por daño moral a causa del ejercicio de la libertad de expresión, no se rige mediante el Código Civil sino bajo una ley especial.

Otros estados no la contemplan,  y únicamente recurren al Código Civil conocido como Ley de Responsabilidad Civil, y sirve para proteger la vida de las personas a no ser dañadas en su integridad. 

“Ocurre que en el momento justo en que Moreira demanda a SAQ, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acababa de afinar ciertos artículos de la misma, con lo que ponía un tope al pago de indemnización por daño moral y advertía que si una de las resoluciones en la sentencia era la publicación de la misma, entonces en apelación a los estándares internacionales, no debería ni tendría porqué resarcirse pecuniariamente el daño (ejercido) en contra de Humberto Moreira”.

Ante ello, la única explicación que brindó en contraparte Moreira, al argumentar el daño que le hizo el periodista en su contra fue requerirle la cantidad de 10 millones de pesos, que se hiciera pública una disculpa por parte del periodista y, también, que las sentencias fueran impresas en los diarios nacionales de mayor circulación.

Sin embargo, ambas penalistas especializadas en la materia, indican que tales hechos van en contra de los estándares internacionales de la libertad de expresión porque el comentario del articulista no intenta en sentido alguno dañar la imagen personal del político o, en todo caso, su comentario ocurre justo en el momento en que (Moreira) es apresado en España acusado de distintos tipos de delitos.

Aun cuando a SAQ ya le fueron solicitados como adelanto 450 mil pesos por la demanda de amparo que interpuso él mismo “en México, a estas altura resulta ridículo que una persona pierda su patrimonio por una columna de opinión, hecho que no deja ser alarmante para otros periodistas que pudieran hallarse en hechos similares”.

Basamentos legales

Como basamentos legales, ambas jurisconsultos indicaron que el juez de primera instancia emitió su sentencia con la ley correcta, misma que no permite condenas por daños punitivos; pero en su momento, el juez de segunda instancia

desaplicó dicha ley  y afirmó ser incapaz de sentenciar con esa ley especial 

que es la que tiene que regir en controversias por daño moral a causa del ejercicio de la libertad de expresión, y añadió que él sí aplicaba el Código de la ciudad de México.

El caso se agrava porque el Código Civil sí permite la aplicación y la condena por daños punitivos; el daño punitivo fue creado para permitir sanciones en los casos en que se cause gran efecto y cuando se viola el daño moral por descuidos severos pero no es aplicado nunca al ejercicio de la libertad de expresión, porque es inconstitucional e inconvencional que a un periodista o a una persona, por el simple hecho de ejercer su libertad de expresión se le condene por daños punitivos.

Además, la figura del daño punitivo tendría que regirse bajo otra lógica, ya que deviene de otro tipo de conflictos pero nunca del ejercicio de la libertad de expresión, insistieron.

Daño no acreditado

El juez de primera instancia señaló en su momento: “No hay ningún abuso (de parte del periodista Aguayo) ya que se trata solamente de una columna de opinión en la que se virtieron opiniones como un hecho cierto que tuvo lugar en España por lo que Humberto Moreira no puede acreditar daño alguno a su patrimonio moral”.

En su momento, el juez de segunda instancia afirmó que “aplicaba la ley correcta, condenaba mediante el código civil y que uno de sus argumentos más fuertes para hacerlo fue la opinión vertida por Aguayo Quesada respecto de Moreira en su texto editorial, con lo que se comprobó por sí solo el ilícito”.

Eso no deja de ser grave en México, cuando está establecido que las opiniones no pueden ser sujetas a control judicial, porque tal hecho es inhibitorio de la libertad de expresión y el magistrado Uber Olea –de segunda instancia- insistió en señalar que la opinión personal de Aguayo Quesada justificaba per se su sentencia.

Uber Olea condenó a SAQ al pago de los 10 millones de pesos que le requiere Moreira además de la publicación de la sentencia y una disculpa pública, resoluciones ocurridas en octubre de 2019, por lo que en noviembre de ese mismo año, Aguayo Quesada interpuso un amparo en un tribunal que fijó los 450 mil pesos de garantía para responder a la resolución dictada por esa misma sala por un total de 10 millones de pesos.

Las leguleyas añaden: “Son casos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad nacional e internacional, tanto la aplicación errada de un código y no una ley especial así como la desproporción de los jueces mismos que no pueden empatar el nivel de poder que guarda un personaje de la política mexicana que ejerce todo el peso del poder contra un académico universitario.

Y, detallan: “La libertad de expresión es un derecho humano, pilar fundamental para sostener sociedades democráticas y sus restricciones deben estar sujetas a responsabilidades ulteriores no a una censura previa por lo que uno de los objetivos para restringirla, de manera cierta, es la dirigida a la protección al honor y la reputación de las personas”.

Pero la Corte Interamericana y la SCJN han puesto ciertos límites que señalan que si bien es correcta la reputación de las personas, posterior a la publicación no se puede censurar a nadie, aun cuando en algunos casos y pese a que el hecho a que atañe sea de interés público o se encuentren involucrados funcionarios públicos, existe un umbral de protección más amplio para los periodistas por lo que las personas involucradas deben pelear más la crítica para robustecer el debate y permitir que la sociedad se pueda informar y las personas sean capaces de debatir sobre ese u otros temas.

Moreira debe tener una tolerancia mayor y, en caso de que se demuestre que hubiera daños ulteriores –porque existiera real malicia de parte del periodista- debe haber una condena capaz de resarcir el daño, pero no para castigar a la persona.

Por otro lado, la cantidad fijada debe ser proporcional al daño causado, mientras que en la segunda sala nunca se analizó cómo pueden ser proporcionales 10 millones de pesos a la columna de Aguayo Quezada en el ámbito político tampoco se analizan las desmesuras y nunca se precisan las distancias, si las hubiera, entre un intelectual y un político mexicano.

“No hubo daño moral a Humberto Moreira, porque el periodista solamente estaba emitiendo una opinión y las opiniones nunca deben ni pueden ser objeto de judicializaciones, ya que el simple hecho de emitir un juicio de valor en una democracia no tiene que llegar a ese grado de castigo por parte de nadie”.

SAQ únicamente estaba informando de hechos reales que sucedieron en España además de que todo mundo descuenta que en México, los funcionarios públicos son actores que tienen cierta incidencia en la vida democrática del país, y cuyas acciones afectan a la sociedad por lo que, en consecuencia, están expuestos a todo tipo de críticas, mientras que los periodistas son los vigilantes del poder de esa democracia.

Coinciden ambas en que se trata de una forma de agresión a los periodistas mexicanos que en México pierden la vida en primer lugar a causas de asesinatos, la desaparición, el ciberespionaje y el acoso constante o el uso irrestricto del derecho penal para criminalizarlos.

En México, más allá de todos esos malestares contra periodistas, la figura del daño moral es utilizada de manera perversa principalmente por funcionarios público; es decir, por aquellos que ostentan el poder pues al momento de enterarse que un periodista los está investigando reaccionan con una demanda por daño moral.

Ya salió el peine

Las abogadas advirtieron que, además, en el caso hay un conflicto de interés por parte del magistrado Uber Olea Cointreau porque en la época de la demanda, el hermano de Humberto Moreira, quien también fuera gobernador de Coahuila, otorga una notaría al hermano del magistrado Uber Olea Cointreau, momento a partir del cual ya se dio un conflicto de interés por lo que tendría que haberse excusado y no darse a la tarea de resolver el asunto, lo que demuestra, una vez más, la parcialidad del proceso.

Se espera que al asumir el rol conductor del caso, en esta última versión, la SCJN siente un precedente importante para la libertad de expresión que es para comenzar y a todas luces, un acoso en contra de todo el gremio periodístico que ya provocó que todos los demás pusieran los ojos en su patrimonio personal. 

Asimismo, debe generarse un precedente con el que se sepa cuáles son los parámetros con los que el poder judicial se tiene que regir cuando exista una contienda entre daño moral y libertad de expresión, concluyeron.

* Gabriel Rodríguez Piña es periodista  con amplia trayectoria en diferentes medios de comunicación.