Juicio a expresidentes: un acto de justicia social

Alejandro Tello dedica Grito de Independencia a víctimas de Covid-19
16/09/2020
Dotar de agua a todos los guadalupenses, compromiso de la actual administración
17/09/2020

Por Leobardo Bautista Bautista 

Hoy a México ha llegado la justicia  y está en manos de la gente. La agenda nacional del actual gobierno se fija en acabar con la corrupción y la impunidad. Por tal motivo, se lleva a cabo la consulta popular que propone enjuiciar a aquellos expresidentes que se les comprueben actos de corrupción, abuso del servicio público, vinculación con la delincuencia organizada o se hayan enriquecido a costa del pueblo.

En 1989 con el gobierno de Carlos Salinas, los partidos políticos (PRI-PAN), avalaron la venta de empresas públicas entre ellas la banca, la energía eléctrica, carreteras, aeropuertos, suprimieron los créditos que operaban a favor de los campesinos, así mismo, en los años siguientes se reformó el artículo 27 constitucional para desmantelar las tierras ejidales, se entregaron concesiones a particulares  para la extracción del oro y plata por más de 50 años a empresas extranjeras.

Para 1998 con Ernesto Zedillo y su partido aliado, aprobaron que la deuda más grande de un grupo de empresarios se convirtiera en deuda pública. Con los siguientes presidentes se aplicó  el mismo modelo de desmantelamiento y endeudamiento, por ejemplo, con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con apoyo del Poder Legislativo, aprobaron un aumento del IVA, pasando del 15 al 16 por ciento. Incrementaron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta un 30 por ciento, se crearon nuevas formas de contribución como el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), y con el último presidente priísta se profundizó la privatización con un paquete de reformas, entre ellas la fallida Reforma ENERGÉTICA. Peña Nieto, además, además es señalado como uno de los mandatarios más corruptos en la historia.

Hoy la Estafa Maestra, Odebrecht, y el caso Lozoya han sacado a relucir que es necesario la investigación a los expresidentes que tuvieron relación con estos casos tan polémicos, que en otros países se considera como delito grave ocasionado que muchos poderosos estén  rindiendo cuentas. 

La consulta ciudadana se llevó a cabo del 1 al 15 de septiembre donde se recolectaron firmas en los 32 estados de la República, para iniciar un juicio contra los expresidentes señalados por  presuntos delitos, requirió  la participación de al menos un 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Asimismo, en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios conformados por la coalición Juntos Haremos Historia, han manifestado el respaldo, ante una posible solicitud que pudiera presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación al mismo tema.  

@Leos_Bautista