Cuidar el proyecto político del Presidente ¿el papel de la Guardia Nacional?

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Pilar Pino Acevedo

Desde el viernes 23 de octubre, mediante un acuerdo publicado  en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Guardia Nacional (GN)  tiene la facultad de supervisar  el cumplimiento de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso, en los casos en que no exista prisión preventiva.

Lo anterior, significa que las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva serán vigiladas por la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados de la GN. Es decir, se encargará de elaborar informes de evaluación de riesgos en los procedimientos penales y supervisar el cumplimiento de dichas medidas.

Cabe señalar que una medida cautelar es la forma en que una persona vinculada a proceso penal es conducida en todo él para salvaguardar la seguridad de las posibles víctimas, así como los bienes y/o testimonios que pudieran fungir de pruebas en un proceso penal.

Desde que inició la guerra frontal contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón, la milicia ha participado de manera cada vez más activa en funciones de prevención del delito. Al llegar al poder y ante un contexto de inseguridad y violencia generalizada, Andrés Manuel López Obrador, eligió a las fuerzas armadas como instrumento para combatir el crimen organizado con la creación de la GN, una institución civil en el papel y en la práctica una institución castrense. Dando facultades a los militares dentro del proceso penal, no se trata solo de prevención del delito, sino, de investigación, calificar imputaciones y supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares.

Si bien es cierto, que existe un boquete en la procuración de justicia al interior de las Fiscalías por la falta de personal especializado y manuales de operatividad, sobre todo en el tema de policía de investigación, no deja de ser alarmante que la milicia asuma tareas que son propias de otro poder, del Poder Judicial. Se le conceden atribuciones de carácter civil, sin que se establezcan mecanismos de control y/o supervisión de las autoridades correspondientes.

Este sexenio comienza a caracterizarse por la militarización. Las fuerzas castrenses participan en todos los proyectos a los que AMLO ha apostado como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas, entrega de apoyos de los programas del Bienestar, el Tren Maya, la compra de insumos de salud para la atención de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, además del control de puertos y aduanas. Pareciera que las fuerzas armadas están al servicio del proteger el proyecto político del presidente.

Pese a que el acuerdo emitido goza de inconstitucionalidad, en la constitución está plasmado que las instituciones de justicia son de carácter civil y no militar. Algo que me llama la atención a la fecha de hoyes que el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha deliberado aún sobre el carácter de inconstitucionalidad de dicho acuerdo, además que de no se ha postulado de ninguna forma al respecto.