Consterna destitución de fiscal especial de delitos electorales

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Por Sigfrido Bevanides. Servicios Especiales

El domingo pasado tuvo lugar la destitución del fiscal especial para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto, hecho que mantiene preocupada a la comunidad de distintos partidos políticos en el país.

El jurista Santiago Nieto fue retirado del cargo de acuerdo con informaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), que lo acusa de haber violado algunas disposiciones asentadas en el código de ética de esa institución.

El fiscal investigaba las acusaciones en contra de Emilio Lozoya, quien fuera coordinador de asuntos internacionales durante la campaña de Enrique Peña Nieto, y que de manera presunta debió recibir al menos 12 millones de dólares para ese proceso de parte de la constructora brasileña Odebrechet, la que a cambio recibiría concesiones una vez que el presidente llegara al poder.

Al momento de realizar su salida del cargo, Santiago Nieto declaró al diario Reforma que con anterioridad recibió un mensaje de parte de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en el que “le exigía que declarara la inocencia de Lozoya mismo y que le ofreciera una disculpa”.

La acusación directa de Nieto iba en el sentido de que Emilio Lozoya habría recibido millones de dólares como coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto.

Cabe destacar que Lozoya ocupó en su momento la dirección de Pemex por lo que la demanda señala que de esa manera, Odebrecht habría tenido la oportunidad de recuperar su inversión y multiplicarla.

Por haber rebelado tales hechos, el funcionario fue destituido por el encargado al momento de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien sustituye al anterior titular, Raúl Cervantes, quien dejara el puesto hace algunos días.

De inmediato, políticos de todos los signos partidarios emitieron un mensaje por medio del cual señalaron que se trata de una orden de protección particular hacia Emilio Lozoya y la campaña electoral de 2012.

Por el momento, partidos como PAN, PRD y Morena habrán de impugnar el hecho y tratarán de que en el Senado de la República se revierta tal hecho, que es una de sus facultades.

Asimismo, Nieto Castillo indicó que asistirá al Senado para que no le quiten el nombramiento, aprobado por ese cuerpo legislativo mediante terna propuesta por el presidente Peña Nieto.

Nieto dijo: “Soy un hombre de leyes, creo en el Estado constitucional y de

Derecho y acudiré al Senado en términos de la Constitución”.

En su momento, el panista Ricardo Anaya dijo que se trata de un hecho

inaceptable  que enrarece el proceso electoral del año próximo y dijo que por

unanimidad, su bancada objetaría en el Senado dicha destitución.

Asimismo, Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI señaló que esperaba tener

más elementos para tener una opinión, mientras que Alejandra Barrales del PRD

dijo que se trata de otro ejemplo que les permitiría luchar por una fiscalía

funcional, para sacar al PRI de los Pinos y cambiar de régimen político.

En tanto, Andrés Manuel López Obrador de Morena dijo que esa remoción no se

justifica y pidió que su equipo en el Senado busque reinstalar al funcionario

destituido, para lo cual se requiere el voto de dos terceras partes de los

senadores.

Intelectuales y activistas como Héctor Aguilar Camín, Marie Claire Acosta, Héctor

de Mauleón y Juan Pardinas exigieron que el Senado se pronuncie sobre el caso y

uitilice la facultad de objetar la remoción en la próxima semana y media.

En su momento, Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI explicó en Despierta  con Carlos Loret de Mola que aunque reconoce a Santiago Nieto como un abogado electoral competente y un experto en materias constitucionales, debe reconocer que “las acciones que llevó a cabo en ese renglón son violatorias de derecho”.

Ochoa Reza refirió que de acuerdo con el Artículo 225 del Código Penal Federal, son delitos contra la administración de justicia los cometidos por servidores públicos los siguientes: dar a conocer, a quien no tenga derecho, documentos, constancias e información que obren en una carpeta de investigación o sean reservados”.

El representante del PRI subrayó que de acuerdo con el Código Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales, los funcionarios públicos tienen la obligación de cuidar el debido proceso legal en una investigación, de otra manera podrá obtener pena de prisión de ocho a 10 años y de 100 a 150 días de multa.

“Un experto en derecho como lo es Santiago Nieto, que ha cometido estos actos, sabe de la consecuencia de los mismos”; he escuchado a distintos organismos sociales y civiles que esperan se lleve a cabo la operación de organismos técnicos de procuración para que no realicen investigaciones de carácter político o partidario con mayor razón en la FEPADE”.

En ese sentido, pidió que el fiscal Nieto sea removido del cargo por parte del Senado, “que actúe en consecuencia valorando los hechos jurídicos del caso, porque su proceso es contrario a derecho”.

Por ello pidió un análisis técnico y jurídico apegado a derecho”.