Caso Odebrecht: Mientras en Brasil procesan a infractores, encubren en México a Lozoya Austin

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Por Sigfrido Benavides (Servicios Especiales México)

Mientras que en Brasil y otras partes se encuentran en prisión algunos de los funcionarios principales del caso Odebrecht, empresa constructora carioca encargada de corromper a diversos políticos  mediante “regalos” multimillonarios para obtener ventajas en asignación de obra pública, en México, las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) , el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la Secretaría de la Función Pública (SFP) intentan de manera desesperada que el caso en el que estuvo involucrado el ex director de Petróleos Mexicanos -y en su momento coordinador de vinculación internacional en la campaña para la presidencia de Enrique Peña Nieto en 2012, Emilio Lozoya Austin-, pierda fuerza al paso de los días.

De acuerdo con reportes especializados del semanario Proceso y del diario Reforma de la ciudad de México, a Lozoya Austin le habrían sido transferidos en distintos momentos alrededor de 10 millones de dólares por parte de directivos de Odebrecht, con la finalidad de que les diera su apoyo para obtener contratos de obra pública en la refinería de Tula, Hidalgo.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad Internacional obtuvieron una copia de los estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua, que es propiedad de esa empresa, mediante la cual se pueden verificar al menos siete transferencias a American Asia Capital Holding –creada en su momento por uno de los principales actores de las entregas financieras y posteriormente testigo protegido en el seguimiento legal del caso por parte de las autoridades judiciales brasileñas- “por medio de la cual se habrían brindado sobornos a Lozoya” (Reforma lunes 14 de agosto de 2017).

Entre quienes autorizaron ese tipo de sobornos destacan Luiz Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latona y Angola, así como Hilberto da Silva, jefe del departamento de Operaciones estructurales de esa empresa.

Las cuentas salieron del Meinl Bank en Antigua y desde el Innovation Research Engineering and Development Ltd. Y entre los gestores destaca Luis Alberto de Meneses Weyll, director de Odebrecht México, y habrían sido recibidos como sobornos por parte de Emilio Lozoya Austin, desde marzo de 2012 y hasta noviembre de 2014.

Las cifras corresponden a 10.1 millones de dólares  y se recibieron en dos cuentas en Tortola, Islas Vírgenes Británicas, a partir de marzo de 2012 (la primera de ellas por cuatro millones) a una cuenta de Latin American Asia Capital Holding.

De acuerdo con Meneses, “Lozoya confirmó cada transferencia” (Reforma, lunes 14 de agosto de 2017).

Un total de seis millones sumo la segunda oleada de depósitos, que se realizaron a una cuenta a nombre de Zecapan SA con destino al Neue Bank AG, del principiado de Liechtenstein a partir del 3 de diciembre de 2013; dos millones de dólares fueron brindados sin condición alguna, mientras que 4 millones de dólares más se entregaron luego de firmar un contrato para la adjudicación directa para que Odebrecht se hiciera cargo de la modernización de la refinería ubicada en Tula.

Hubo también una tercera vía en la que entró al caso Rodrigo Tacia Durán, actualmente en libertad provisional en España, quien –debido a que las cuentas indicadas por Lozoya estaban ya saturadas- se recurrió a un intermediario, en este caso Tacia Durán como intermerdiario- a partir de noviembre de 2014.

Asimismo, Odebrecht y Construcciones Industriales Tapia, localizado en Tula, Hidalgo, se aliaron “por recomendación de Lozoya según las declaraciones” (ibid) pero trascendió que uno de los principales impulsores de la propuesta de Lozoya Austin por apoyar a Odebrecht fue Juan Carlos Tapia, propietario de la constructora hidalguense, que tiene en su haber conflictos derivados de que en esa empresa se hallaron tomas clandestinas de combustible.

Cabe destacar que las revelaciones se encuentran asentadas como parte del proceso penal 6655, que se encuentra radicado en el Supremo Tribunal de Brasil y que fueron acopiadas por Quinto Elemento Lab, como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

Al  conocer la trama, Emilio Lozoya Austin negó el caso, dijo que no era cierto hubiera recibido sobornos por 10 millones de dólares de parte de directivos de Odebrecht; “se trata de una historia absolutamente falsa, dolosa e inexistente de principio a fin”.

En tanto, la Procuraduría General de la República en México acusó a Brasil de “atrasar la entrega de información sobre presuntos sobornos de directivos de esa empresa a funcionarios mexicanos como Lozoya Austin”, pero garantizó que, “a pesar de no contar con la información de la fiscalía brasileña, el caso sería llevado hasta sus últimas consecuencias y actuaría directamente contra el o los responsables”.

Dónde quedó la bolita…

Sin embargo, un día después, las autoridades judiciales de Brasil aseguraron que estaban en espera de que los fiscales mexicanos dieran el primer paso en las investigaciones; “esperamos los compromisos del ministerio público mexicano para que después enviemos nosotros las informaciones hechas en Brasil”. (Reforma martes 15 de agosto de 2017).

Hay que señalar que, en la indagatoria del caso, Brasil empleó “declaraciones premiadas” que consisten en el otorgamiento de beneficios penales a cambio de recabar información a algunos de los involucrados en el caso, pero el abogado defensor de Emilio Lozoya dijo que ese tipo de defensas, en realidad no son exactas.

Detalló: “Jurídicamente, el valor que puede tener un testigo protegido es mínimo, porque tiene una ventaja: ‘si yo digo lo que tu quieres que yo diga, ¿me reduces la pena?. Entonces te lo digo”. (Proceso 2128. 13 de agosto de 2017).

Morena: conflicto de intereses

Al escándalo, que suma ya a varios actores políticos en México, se añade la voz del partido Morena, que en voz de la diputada federal Rocío Nahle declaró que al interior de la PGR hay “conflicto de intereses por el caso Odebrecht (…) toda vez que el actual fiscal general de la nación, Raúl Cervantes, fue coordinador jurídico de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que de manera presunta, pudo recibir dinero de la constructora brasileña”.

En la misma medida, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, inmerso aún en los escándalos de las recientes elecciones en Coahuila y Estado de México, dijo que preferiría “no especular sobre el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto” y llamó a que se presentaran las denuncias del caso.

De igual manera, al propio titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, se le pidió iniciar las investigaciones al respecto, relativas al presunto financiamiento de Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

El funcionario aseveró que “la FEPADE realizará todas las pesquisas que se requieran para determinar si en el caso Odebrecht hay delitos en materia electoral”. (Reforma, miércoles 16 de agosto de 2017).

Una jornada posterior, Morena interpuso una demanda legal en la Procuraduría General de la República y exigió llevar a cabo las diligencias del hecho acusatorio en la carpeta de investigación con el fin de determinar el delito y ejercer acción penal contra el ex funcionario”.

Daño moral

Lozoya Austin se sintió ofendido por ese tipo de acusaciones y dijo que interpondría en su momento toda suerte de demandas legales por el delito de daño moral y, sin mencionar nombres añadió que: “Quienes lo acusan deben presentar pruebas”. (Reforma martes 15 de agosto de 2017).

En respuesta, el líder nacional de PAN, Ricardo Anaya expresó: “Ahora entendemos porqué la PGR pidió que se reservara durante cinco años toda la información relacionada con Odebrecht, lo que es inmoral. Resulta claro que hay actos de corrupción” y exigió dar marcha atrás a esa reserva de no ventilar el asunto durante un quinquenio. (Reforma ibid).

Al interrogar a José Antonio Meade, secretario de Hacienda, éste ofreció abrir las vías para dar informes; “pero en lo particular, no tenemos todos los elementos”. (Reforma, ibid).

Declaraciones millonarias

Sin embargo, durante su primera declaración patrimonial, presentada en 2012 al incorporarse a Pemex, Lozoya  Austin declaró bienes millonarios para el caso de relojes de lujo, pinturas de Picasso y Dalí, y una casa con un costo de 38 millones de pesos; “el inmueble, de acuerdo con lo que se asienta en el documento, fue pagado al contado, antes de que arrancara la administración de Enrique Peña Nieto”. (Reforma, miércoles 16 de agosto de 2017).

Así, mientras que en otras partes del mundo son procesados, para el caso de Marcel Odebrecht y Lula da Silva en Brasil, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en Perú, y otros más en naciones como Guatemala, Colombia y Panamá, en México, ninguno ha pasado, ni siquiera, bajo investigación.

Un dia después, el viernes 18 de agosto, luego de ser citado para comparacer sobre el caso en la PGR, Emilio Lozoya, acompañado de su abogado, Javier Coello Trejo, dijo sonriente en conferencia ante los medios: “A mi nunca me corrompieron, lo que haya sucedido en otras partes del mundo, con todo respeto lo leo, pero no soy investigador, no me dedico al periodismo y la información que tengo es que sí ha habido consecuencias en muchos países”.

La foto de Reforma documenta el hecho mejor que todas las palabras juntas, Lozoya Austin camina mirando el suelo con una sonrisa que le cubre las mejillas, a su lado el abogado Coello Trejo, de impecable casimir inglés azul marino, sujeta con ambas manos el portafolio de hechos de defensa.

Más abajo, en esa misma página, el siempre solitario diputado por Movimiento Ciudadano, el zacatecano Jorge Álvarez Máynez, fue retratado en compañía de su compañera de bancada, Candelaría Ochoa, luego de abandonar las oficinas de la PGR, en Paseo de la Reforma, donde interpusieron otra, una más, de las demandas en contra del caso Odebrecht en México.