Auditorías, transparencia y politización; pugnemos por la autonomía

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Por Andrés Vera Díaz

En 2016, México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional. El año antepasado el país se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países analizados.

Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no han sido suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos en todo el país y claro, en Zacatecas.

Aunque su puesta en marcha sigue en proceso, la inhibición por lo menos en la espera de que comience funciones, no tiene tintes de que sea un factor inherente.

En el 2010, la propuesta de un Tribunal de Cuentas en Zacatecas parecía ser el inicio para que se castigaran actos de corrupción, mismos que sin ser resaltados de forma pública, son particularmente existentes por el sistema político – económico del país.

Luego en 2014, Rafael Flores presentó una iniciativa de ley para dar autonomía constitucional plena a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y ya no dependa más del Poder Legislativo o de cualquier otro poder a fin de evitar intromisiones externas en la fiscalización de entes públicos.

Y es que el extremo poder de negociación de entes que tienen la obligación de mostrar ante la opinión pública los malos manejos financieros gubernamentales, dejan pie a la negociación política perdonándose cuentas públicas y auditorías en el manejo de la obra pública, además de ser beneficiados con prestanombres para la adjudicación de contratos con diversos gobiernos como fue el caso de Luis Acosta en la pasada Legislatura y que, quien escribe, exhibiera de tal forma su proceder por este tipo de conflictos de interés, que dejó en la tumba la carrera política del panista. Esa debe ser una de las prioridades, coptar el camino de los corruptos.

Ahora que Soledad Luévano, aunque elevando cifras, aireara los bonos y compensaciones para la alta burocracia zacatecana, pagos que no tienen reglamentación específica legislativa, deja entrever que tanto los análisis de la Auditoría Superior del Estado, son inexistentes para ciertos rubros e ineficaces cuando se realizan concienzudamente porque el poder Judicial omite hacer su respectivo trabajo.

Muestra es el anuncio que realizara Arturo López de Lara, actual presidente de la comisión de Vigilancia de la LXII Legislatura, al informar que total de 861 funcionarios públicos se encuentran en la mira de ser sancionados por infracciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas, vigente desde 2016.

De estos, 141 servidores de los 58 ayuntamientos municipales implicados en el tema, 5 en Gobierno del Estado y 715 en el Congreso local. Las principales violaciones consisten en el incumplimiento de normas de vigilancia, no apegarse a presupuestos designados o no entregar expedientes de obras públicas, pero, ¿pasará?, ¿cuándo ha visto usted a un funcionario verdaderamente castigado por violar la Ley?.

En Zacatecas ningún funcionario público ha sido sancionado por faltas administrativas, debido a que la anterior Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente de 2001 a 2013, carecía de una firma que avalara su aplicación sobre los infractores, pero no es el único factor para la impunidad, como ya mencioné, son las prebendas políticas el principal problema.

Se añaden los 3800 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación detectó en malos manejos del 2010 al 2015, pero no hay sancionados ni investigaciones con verdadera intención de resarcir el daño. Toda esta cultura de la ilegalidad aunada a los sesgos legales alimenta la idea de que los sistemas locales anticorrupción serán elefantes blancos en una selva infestada de alimañas corruptas.Tampoco se trata de crucificar mediáticamente a chivos expiatorios como Duarte y Yarrington, pero en Zacatecas, ni a eso llegamos.

Por tal motivo, la autonomía de los entes fiscalizadores posee una pertinencia legal y cultural urgente. Que tengan observatorios ciudadanos y organizacionales, estructurados desde el ámbito empresarial, obviamente parlamentario, periodístico y avalados por instituciones nacionales.

La transparencia comienza a instalarse en la conciencia colectiva, se resiste aún a ser una fuente fidedigna de información, pues los propios entes podrían manipularla, sin embargo, entre más sea la exigencia para dar a conocer en este tenor, los manejos de recursos públicos, menor será la incidencia de opacidad. Todo va de la mano, fiscalización, análisis y transparencia, pero de nada servirá si no hay consecuencias positivas.

De tal forma, los órganos encargados deben poseer oportunidad en la revisión, es decir, inmediatez en sus tareas; plenas facultades de autoridad administrativa para fiscalizar y sancionar; no tener límites respecto a la cobertura sobre el gobierno o empresas o entidades públicas por auditar; contar con garantías constitucionales y legales para que sean órganos técnicos e imparciales, además de apolíticos y apartidistas, incluyendo la inamovilidad de sus miembros mientras su trabajo de resultados; que estén a salvo de cualquier interferencia en su funcionamiento técnico, y en consecuencia gozar de plena autonomía de gestión, orgánica, funcional y presupuestaria.

Estas características permitirán que la politización de la información no tenga una intencionalidad específica, como el caso de Soledad Luévano y Miguel Alonso. En todo caso, se deben auditar de forma retrospectiva a sexenios anteriores, tanto a García Medina como a Monreal Ávila y otros, esa sería, una verdadera postura por combatir la opacidad, la corrupción y los manejos financieros amañados.

Con un análisis profundo, organizado por una comisión multiinstitucional para realmente hacer un combate sistémico de estos cánceres y evitar la jerarquización que también imposibilitan una fiscalización realmente “superior”.