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Pilar Pino Acevedo

El  sábado 19 de junio fueron asesinadas a sangre fría 14 personas, entre ellas, albañiles, enfermeros, estudiantes y familias en la ciudad de Reynosa. 

Los enfrentamientos callejeros entre cárteles de la droga han sido habituales en todo el país, desde que Felipe Calderón inició la guerra contra el narco; sin embargo, la cacería de civiles inocentes es un hecho insólito. Estos homicidios no tienen otra definición más que crímenes de lesa humanidad.

Los crímenes de lesa humanidad son aquellos de especial gravedad como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de poblaciones, la privación grave de libertad o tortura, que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático, con conocimiento, contra una población civil.

El ataque además de causar temor e indignación en quienes lo seguimos en los medios, nos hace cuestionar la estrategia de combate contra el crimen organizado y la capacidad de fuego de los cárteles de la droga. Parece que la consigna presidencial de “abrazos y no balazos”, no ha servido de nada. La soledad y silencio de las calles de Reynosa recuerda el horror de la violencia que no termina, ajena a eslogan de campaña y promesas de políticos incumplidas.

Las cifras de muertos, pese a que la guerra contra el narco presuntamente concluyera con el inicio del mandato de López Obrador en 2018, continuan siendo críticas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), que recoge las cifras más precisas de homicidios según las carpetas de investigación de la Fiscalía e informes forenses, desde 2011 (el año más sangriento) han muerto de media casi tres personas al día a manos del crimen organizado –sin contar desapariciones y feminicidios.

Desgraciadamente, desmantelar las empresas y el comercio ilícito es algo que sale de la capacidad de cualquier gobierno, incluso en los países ricos. Sin embargo ahí las actividades criminales no afectan la vida cotidiana de la sociedad porque el Estado se muestra fuerte e intolerante. No duda en actuar cuando la violencia toca a las personas comunes, a sus propiedades, su comercio, su dignidad y sus derechos.

En México la estrategia ha sido ingenua al suponer que se puede erradicar estas organizaciones eliminando cabezas –tampoco se trata de pactar mafiosamente con ellas como se hizo en el pasado-, creer que pueden ser desmanteladas con fuego directo, ni pactar tácitamente no agresión como lo intenta el presidente. El gobierno debo mandar un mensaje contundente: sí se atenta contra la población civil la fuerza pública será implacable.

Sin embargo, desde su tarima AMLO dice que las cosas, en materia de seguridad, están mejorando. Según el último informe de seguridad, en el mes de mayo se registraron casi 3.000 asesinatos, la cifra más alta del año en México. Las preocupaciones de la 4T están más inclinadas a temas electorales.